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El activismo esencial de las defensoras de los derechos de las trabajadoras de casas particulares migrantes

Las limitaciones impuestas por la pandemia del COVID-19 no han impedido el activismo por los derechos laborales de las mujeres migrantes en Argentina, sino que han impulsado la acción política.

Published onDec 06, 2021
El activismo esencial de las defensoras de los derechos de las trabajadoras de casas particulares migrantes
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El 13 de marzo de 2013, Argentina se convirtió en uno de un puñado de países en reconocer los derechos laborales plenos de las trabajadoras de casas particulares, mediante la sanción de la Ley 26.844 que estableció el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.1 Esta legislación histórica, que transformó el estatus jurídico de las trabajadoras de casas particulares de servidoras (con derechos laborales casi inexistentes) a trabajadoras (con derechos prácticamente iguales a los de los/las/les demás trabajadores/as), marcó un hito en la lucha por los derechos laborales de las trabajadoras de casas particulares (Jaramillo Fonnegra y Rosas 2014). También marcó un hito en la lucha por los derechos de las personas migrantes, dado que la legislación ofrece el mismo grado de protección a todas las trabajadoras de casas particulares, independientemente de su condición de ciudadanía. Al mismo tiempo, esta igualdad legal se ha visto contrastada fuertemente con las desigualdades materiales y simbólicas interseccionales que muchas trabajadoras de casas particulares continúan sufriendo al día de hoy.

Tal como en otros contextos como se ha documentado en este foro, las desigualdades padecidas por las trabajadoras de casas particulares en Argentina se han profundizado drásticamente desde el inicio de la pandemia del COVID-19, reflejándose no solo en obstáculos para el acceso a los derechos laborales sino también en la pérdida de derechos ya adquiridos. Mientras que un porcentaje significativo de las trabajadoras de casas particulares han sido clasificadas como “esenciales” por el gobierno argentino durante la pandemia, dicha clasificación no ha ido de la mano con el mantenimiento o el acceso a la seguridad laboral y a prestaciones laborales esenciales.2 Desde el comienzo de la pandemia, más de 300.000 trabajadoras de casas particulares en Argentina han perdido su trabajo. Solo el 2% de estas trabajadoras han podido acceder a un seguro de desempleo, dado que el trabajo en casas particulares es una ocupación con una alta tasa de informalidad. Es también la ocupación principal de las mujeres de clase trabajadora (Poblete 2015), con cuatro de cada diez mujeres migrantes en Argentina empleadas en este sector de la economía. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dos de cada diez trabajadoras de casas particulares son mujeres migrantes de otros países latinoamericanos como Paraguay, Perú y Bolivia (Rosas, Jaramillo Fonnegra y Blas Vergara 2015).

Los/las/les lectores/as argentinos/as/es de Exertions recordarán el caso infame del empresario de la ciudad de Tandil, el cual tuvo trascendencia nacional al inicio de la pandemia luego de que se supiera que había violado el aislamiento impuesto por el gobierno, al esconder a una trabajadora de casa particular en el baúl de su auto y al tratar de ingresarla ilegalmente al barrio cerrado donde vivía. Las historias de abuso como ésta demuestran cómo las situaciones de vulnerabilidad interseccional que enfrentan las trabajadoras de casas particulares se han exacerbado en el contexto de la pandemia. Otras violaciones a los derechos laborales de las trabajadoras de casas particulares han incluido reducciones en sus salarios y ser obligadas a permanecer indefinidamente en sus lugares de trabajo, incluso cuando esto estaba prohibido por las autoridades sanitarias. Muchas trabajadoras de casas particulares no han podido acceder a indemnizaciones por despido, licencias por enfermedad o a una obra social en el contexto de la crisis sanitaria. También ha habido empleadores/as que cambiaron la categoría de trabajo bajo la cual habían contratado a las trabajadoras, para así eludir las restricciones impuestas por el gobierno. Asimismo, hubo otros/as/es empleadores/as que les comunicaron a las trabajadoras que debían considerar el aislamiento como período de vacaciones.

Para las mujeres migrantes, ser obligadas a seguir concurriendo a sus lugares de trabajo les implicó dificultades específicamente relacionadas con su estatus legal como no nacionales. Estas dificultades incluyeron estar expuestas a abusos policiales y a sanciones legales que las ponían en riesgo de ser deportadas, no poder continuar enviando remesas a sus familias en sus países de origen y tener dificultades para acceder a la prestación económica de ayuda directa para las personas desempleadas y subempleadas.3 Muchas trabajadoras de casas particulares migrantes carecían de información sobre cómo acceder a esta prestación, o carecían de los conocimientos informáticos o el acceso a internet necesarios para poder tramitar una solicitud de la prestación. Entre las que lograron poder tramitar una solicitud, a muchas de ellas les fue denegada. Los requisitos para acceder a la prestación incluían acreditar una residencia legal en Argentina de al menos dos años, lo que excluía a las trabajadoras que habían estado residiendo en el país por un período menor de tiempo, como así también a aquellas trabajadoras que carecían de documentación que acreditara que efectivamente habían estado viviendo en el país por un período mayor a dos años.

Esta exacerbación de las desigualdades ha sido enfrentada de manera directa por la acción colectiva de las trabajadoras de casas particulares migrantes y por las activistas que abogan por sus derechos. Un ejemplo instructivo de este accionar colectivo es el trabajo de la Asociación de Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas en Argentina (AMUMRA), una organización con la cual vengo trabajando de manera colaborativa desde el 2014 cuya misión es promover “la integración social, económica y cultural de las mujeres migrantes, refugiadas y de sus familias” y contribuir “a la superación de las desigualdades históricas y contextuales para la construcción de una sociedad más justa y democrática.” Activistas como las que participan en AMUMRA no detuvieron sus actividades de capacitación o de defensa de derechos durante la pandemia, a pesar de que su oficina tuvo que permanecer cerrada y no podían reunirse personalmente con las personas que necesitaban de su ayuda. Por el contrario, las activistas de AMUMRA continuaron trabajando y de muchas maneras redoblaron sus esfuerzos para llevar a cabo actividades de capacitación y defender los derechos de las mujeres migrantes, en particular los de las trabajadoras de casas particulares migrantes.

Por ejemplo, las activistas de AMUMRA ayudaron a mujeres migrantes a acceder a la prestación económica de ayuda directa, brindándoles información sobre los requisitos para acceder a la misma a través de grupos de WhatsApp y consultas telefónicas individuales. De este modo, las activistas no solo concientizaron a las mujeres migrantes sobre sus derechos durante la pandemia, sino que también contribuyeron a reducir la brecha digital que, como se mencionó anteriormente, impidió que muchas mujeres migrantes pudieran acceder a la prestación. Además, la abogada laboralista de AMUMRA, que antes de la pandemia brindaba semanalmente asesoramiento legal gratuito a trabajadoras en la oficina de la organización, ha trasladado su labor a espacios virtuales. Por un lado, ha continuado brindando asesoramiento personalizado por vía telefónica y por WhatsApp; por otro lado, ha estado organizando sesiones colectivas de consulta a través de Facebook e Instagram Live. Estas sesiones les han brindado a las trabajadoras la oportunidad de expresar las dificultades que han estado enfrentado en sus lugares de trabajo, de recibir asesoramiento legal gratuito sobre cómo proceder en el contexto de la pandemia y de obtener apoyo colectivo al compartir sus experiencias en un espacio con activistas y otras trabajadoras.

Las activistas por los derechos de las trabajadoras de casas particulares migrantes han aprovechado las plataformas digitales para generar conciencia sobre los reclamos de estas trabajadoras y para realizar reivindicaciones a nivel local, nacional, regional y mundial. Han aprovechado estas plataformas como herramientas cruciales para politizar la temática de los derechos de las trabajadoras de casas particulares migrantes durante la pandemia, incluso más allá del contexto particular de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o Argentina.

Figura 1. Volante creado por activistas de AMUMRA para difundir el evento “Realidad de las trabajadoras del hogar en medio del COVID-19” en abril de 2020.

Un ejemplo de esto fue el encuentro virtual “Realidad de las trabajadoras del hogar en medio del COVID-19,” el cual fue organizado por AMUMRA en abril de 2020 y el cual reunió a organizaciones defensoras de los derechos de las trabajadoras de casas particulares y sindicatos de Argentina, Chile, Colombia, Perú y Uruguay. Este encuentro no solo reveló las dificultades de las trabajadoras de casas particulares en América Latina durante la pandemia, sino que también sirvió como un espacio para identificar puntos en común entre distintos contextos y explorar oportunidades para la organización colectiva.

Figura 2. Volante creado por activistas de AMUMRA para difundir el evento “Voces de mujeres trabajadoras de casas particulares migrantes y refugiadas” en junio de 2021.

Un segundo ejemplo fue el evento “Voces de mujeres trabajadoras de casas particulares migrantes y refugiadas, trayectorias de vida laborales con el impacto del COVID-19,” el cual consistió en un encuentro público de trabajadoras de casas particulares migrantes en Argentina organizado por AMUMRA en junio de 2021. En este espacio, las trabajadoras compartieron sus experiencias, brindaron sus testimonios y se reunieron como colectivo.

Figura 3. Volante creado por activistas de IMA para difundir el foro “Cuidando a las cuidadoras” en julio de 2021.

A diferente escala, en julio de 2021 la Alianza Internacional de Migrantes (IMA), de la cual AMUMRA es una organización miembro, realizó un evento llamado “Cuidando a las cuidadoras: foro sobre la situación global de vacunación de las trabajadoras domésticas migrantes y sobre la campaña por la inclusión de todos/as/es los/las/les migrantes en el esquema de protección para la respuesta al COVID-19”, el cual destacó la dimensión global de la situación de urgencia de las trabajadoras de casas particulares migrantes y fortaleció vínculos entre organizaciones y sindicatos de trabajadoras de casas particulares de todo el mundo.

Las limitaciones logísticas y la inseguridad generalizada impuestas por la pandemia del COVID-19 no han obstaculizado el activismo de las activistas por los derechos de las trabajadoras de casas particulares migrantes. Por el contrario, la urgencia creada por la pandemia ha impulsado su acción política.

Sobre la Autora

María Lis Baiocchi obtuvo su Doctorado en Antropología con mención en Antropología Cultural por la Universidad de Pittsburgh, en donde es Investigadora Asociada en el Departamento de Antropología. Su trabajo indaga sobre cómo las trabajadoras de casas particulares y las activistas por los derechos de estas trabajadoras reivindican, demandan y acceden a los derechos laborales en la vida cotidiana. De este modo, sus investigaciones examinan cómo tanto trabajadoras como activistas abordan la transición de modos principalmente consuetudinarios a modos crecientemente contractuales de regulación del trabajo en casas particulares en Argentina.

Notas

1. A lo largo del texto se utilizará el género femenino en referencia a las trabajadoras de casas particulares por tratarse de una ocupación feminizada casi en su totalidad.

2. El marco legal que regula el trabajo en casas particulares en Argentina lo divide en cinco categorías: supervisor/a/e; personal para tareas específicas; caseros/as/es; asistencia y cuidado de personas y personal para tareas generales. De estas categorías, solo las trabajadoras contratadas bajo la categoría “asistencia y cuidado de personas” fueron consideradas esenciales por el gobierno; no solo se les permitió circular por la vía pública, sino que también se les obligó a seguir trabajando durante el aislamiento.

3. Esta única prestación de ayuda directa se conoció como Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Entre aquellos/as/es que cumplían con los requisitos para acceder al IFE se encontraban los/las/les trabajadores/as informales, algunos/as/es monotributistas, las trabajadoras de casas particulares y las personas desempleadas.

Referencias Bibliográficas

Jaramillo Fonnegra, Verónica, and Carolina Alejandra Rosas. 2014. “En los papeles: de servidoras domésticas a trabajadoras. El caso argentino.” Estudios de Derecho 71(158): 197–217.

Poblete, Lorena. 2015. “New Rights, Old Protections: The New Regulation for Domestic Workers in Argentina.” McGill University Labor Law and Development Research Laboratory, Working Paper Series, 5.

Rosas, Carolina, Verónica Jaramillo Fonnegra, and Albano Blas Vergara. 2015.
Trabajo doméstico y migraciones latinoamericanas. Desde Argentina, hallazgos y reflexiones frente a los destinos extrarregionales.” Estudios Demográficos y Urbanos 30(2): 253–290.

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